Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra sentencia que anuló resolución municipal dictada en el seno de procedimiento para el restablecimiento de la legalidad urbanística, revocándola y declarando, por contra, la plena adecuación a derecho del acto impugnado.No cabe apreciar caducidad del expediente puesto que la fecha de inicio no puede coincidir con la fecha en que se inician las actuaciones previas, quedando acreditado que las visitas de inspección, emisión de diversos informes, solicitud de diversa documentación, etc,.., fueron necesarias ante el hecho de que el promotor había continuado ejecutando y ampliando las obras, sin que se llegase a finalizar las mismas.El acuerdo de incoación tuvo lugar el 6 de julio de 2021, por lo que tampoco cabría apreciar el transcurso de los cuatro años que es el plazo de prescripción.La altura de los muros no se corresponden con la que establecía la licencia municipal, y en cuanto a la construcción, no sólo se sobrepasa el volumen autorizado, sino que además, lo realmente construido no puede ser considerado ni cuarto de aperos ni aljibe, sino que se trata de una única construcción de unos 80 m2. Actuaciones que no son legalizables, sino que exigen ser modificadas mediante la correspondiente demolición. Todo ello acreditado a través de los correspondientes informes técnicos obrantes en el expediente.
